El término Inquisición proviene de un procedimiento penal específico, la inquisitio, caracterizado por la formulación de una acusación por iniciativa directa de la autoridad, sin necesidad de instancias de parte.

La Introducción de la Inquisición (1478) y la Expulsión de los Judíos (1492) fueron la solución a un mismo problema; la constitución de la primera conllevará la segunda. La lucha por implantar la ortodoxia cristiana y la defensa de la fe, en contraposición a la emergencia de falsos conversos promoverá dichos acontecimientos. Sin embargo, la Inquisición no fue un invento español, aunque se impuso con una serie de particularidades.

Tanto el Edicto de Milán (313 d. C.), promulgado por Constantino I por parte de Occidente y su homólogo Licinio en Oriente, que declaraba la libertad de culto en ambos imperios y, posteriormente el Edicto de Tesalónica (380 d.C), decretado por el Emperador Teodosio, que convierte al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, ponen fin a un periodo de persecuciones y elevan a dicho credo a la categoría de religión del Estado, confundiéndose los fines del Estado con los fines religiosos o adoptando el Estado, una moral religiosa en sus actos. Todo ello conforma una sociedad europea cristiana organizada en torno al evangelio católico adoptado por el Imperio y en la que cualquier pensamiento diferente de dicho cuerpo dogmático, comienza a verse por el poder político como comportamiento subversivo hacia la meta de conseguir un Estado unido y sin fisuras.
Esta identificación en los idearios cristianos y seculares se manifiesta en todo Occidente; cualquier disidencia con el pensamiento implantado es tachada de herejía, en una persecución por conseguir la unidad en la fe y la ortodoxia por parte de la Iglesia y, una perturbación a la unidad y a la estabilidad social, por parte del Estado. El auge de estas ideas transgresoras se produce en el s. XII, imponiendo el Papa Luciano III el procedimiento de la Inquisitio mediante la Bula “Ad Abolendam” (1184). Así, cada Obispo, como un juez ordinario, en sus visitas cada dos años a sus diócesis, debía buscar la herejía sin necesidad de acusación en forma, avalada por medio de tres o más testigos de intachable conducta que bajo juramento denunciaran a los herejes ocultos. En ella se obliga a la retractación del acusado y, en caso de no hacerlo, se pide que sean castigados bien con el destierro o con la confiscación de bienes de la mano del poder temporal. En este siglo renace el derecho romano, a la vez que la herejía es asumida como un delito criminal de lesa majestad mediante una decretal del Papa Inocencio III. Así, la legislación canónica del derecho penal de la antigüedad clásica, que posibilitaba acudir a penas físicas, hizo suyas las normas del derecho germánico que autorizaba el recurso a la pena de muerte con hoguera y horca.
La propagación territorial, sobre todo de la herejía cátara o albigense, supuso una amenaza tanto civil como religiosa que acarreó el nacimiento de la Inquisición Pontificia mediante la Bula de Gregorio IX, en 1231, cuando implanta un juez extraordinario que en su nombre emprenda la debida inquisitio (investigación), juicio y castigo de los herejes. En 1233 concede a los dominicos la potestad de perseguir la herejía, la autorización para la emisión de sentencias, y la posibilidad de acudir al brazo secular, sin eximir a los obispos de su labor de vigilancia; mantendrá la muerte en la hoguera junto a otros castigos. Esta Inquisición se basó en tribunales itinerantes que estimulaban los tribunales episcopales. Será Inocencio IV con la Bula “Ad exstirpanda”, en 1252, la que consienta el uso de la tortura, como medio de prueba en los interrogatorios, ya empleada en los Tribunales Ordinarios y, la difusión de los tribunales por toda la cristiandad. Si bien en el Reino de Aragón esta Inquisición Medieval apenas fue efectiva, en Castilla, nunca llegó a establecerse.

La proliferación de la Inquisición fue un movimiento que se dio en toda la Europa Cristiana, durante la Edad Media, sin más excepción que la Corona de Castilla. La causa que llevará a los Reyes Católicos a su implantación en los Reinos de Castilla y Aragón será consecuencia de problemas internos entre los cristianos viejos y los nuevos conversos, provenientes del judaísmo, que comienzan a integrarse en una sociedad que estaba vetada para los judíos y que continuaban, en la clandestinidad, practicando sus ritos y creencias. Entronizada Isabel, en 1474, recibe unos informes que detallan la situación en Andalucía de los falsos conversos, redactados por el prior del convento de San Pablo de Sevilla, el dominico Fray Alonso de Ojeda, en los que denuncia que muchos conversos acceden a cargos públicos y a beneficios eclesiásticos mientras continúan practicando el judaísmo. Los monarcas organizan un viaje por Andalucía que durará de 1477 a 1478, en el que constatan la argumentación de Fray Alonso. Será en Sevilla donde los Reyes emprendan las negociaciones con Roma con el fin de que se concediese a la Reina la facultad de nombrar Inquisidores en sus territorios, petición que les será conferida en 1478 con la Bula Exigit sincerae devotionis, en la que Sixto IV cede la potestad de nombramiento de dos o tres obispos o sacerdotes seculares o regulares, de más de 40 años, vida intachable e instruidos, para el desempeño del oficio de inquisidores en las ciudades o diócesis de sus posesiones. Hasta octubre de 1483 no será ratificada dicha prebenda para ambas coronas.

Comienza una larga campaña de catequesis encabezada por Fray Hernando de Talavera, confesor de la Reina, en la que, durante dos años, intentará instruir en la doctrina católica a los falsos conversos, convencido de que dichos individuos actuaban heréticamente por ignorancia y desconocimiento de la doctrina cristiana. El aleccionamiento fracasa y, el 27 de septiembre de 1480, pese a continuar las negociaciones con el papado, los Reyes nombran los primeros inquisidores a los dominicos Fray Miguel de Morillo y Fray Juan de San Martín. El primer Auto de Fe se celebra en Sevilla el 6 de febrero de 1481. La Inquisición se implanta por primera vez en España en el s. XV con el fin de limpiar el cristianismo de otras prácticas que realizaban secretamente los falsos conversos ante la atenta mirada de los cristianos viejos que observaban como sus privilegios se veían amenazados con las conversiones. Se instala una justicia, paralela a la ordinaria, al amparo de la Iglesia, con el objetivo de perseguir prácticas judaizantes y, que con posterioridad, incrementará las acusaciones hacia otras desviaciones dogmáticas y morales.
La originalidad de esta Inquisición Española se basa en una vinculación política, desconocida en la Inquisición medieval, con el Estado; éste asume las riendas de la defensa de la fe como medio de mantener el orden político; la unidad de la fe o la unidad religiosa se convierten en el instrumento para conseguir la anhelada unidad social. Desde 1480 la Inquisición Española funcionará como un Consejo del Reino en paridad con otros Consejos. Lejos de la organización episcopal medieval, los cargos tanto del presidente del Consejo de la Suprema como el nombramiento del Inquisidor General, serán potestades de la Corona siendo necesaria la confirmación del pontificado; posteriormente, tanto el presidente del Consejo como el cargo de Inquisidor general serán identificados. Los inquisidores de los distintos tribunales que se esparcirán por toda la península, serán designados por el Inquisidor General con la ratificación de los monarcas, excepto el nombramiento de los demás miembros del Consejo que será cometido del Rey, ejerciendo el Inquisidor General, el derecho de presentación. Se logra la intervención del Poder Real en asuntos doctrinales y en la estructuración de la Inquisición, en cuya cabeza está el Inquisidor General y el Consejo de la Suprema con jurisdicción exclusiva en los bautizados para asuntos de la fe y con la notable influencia de los reyes que autorizarán las designaciones.

La Inquisición Española nació y se disolvió por medio de decretos reales; el Consejo de la Suprema logró ser uno de los grandes tribunales del Reino; al Fisco Real se destinaban las confiscaciones de los herejes, después de haber costeado su manutención durante la encarcelación, y de ellas recibirán los honorarios los Inquisidores y los funcionarios a su cargo. Con la elección de Fray Tomás de Torquemada como Inquisidor general, desde 1483 hasta 1498, la Institución adquiere un cuerpo normativo general a todos los tribunales, unificando las actuaciones y metodología del proceso inquisitorial. A las Instrucciones de Torquemada le seguirán las de Diego de Deza o las de Cisneros, entre otras. Se asienta un entramado judicial simple en sus comienzos que se irá haciendo más complejo con los años.
La historiografía actual se ha conciliado con esta denostada y vilipendiada, en siglos anteriores, Inquisición Española admitiendo que colaboró en extender una cultura basada en el miedo o el terror, aunque no fue un movimiento distinto al que, en Europa, se estaba viviendo; incluso se acepta que la Inquisición Europea fue más represiva y cruel que la española; los herejes eran execrados en toda Europa junto con las brujas, a las que el Santo Oficio español juzgó en muy pocos ocasiones. No sólo fue menos cruenta que su análoga sino que no fue más implacable que la justicia de los Tribunales Ordinarios contemporáneos. La Iglesia no ejecutaba, sino sentenciaba; la condena a muerte era traslada a los Tribunales Seculares que la ejecutaban al igual que la tortura; la asistencia de un médico se hacía obligatoria en los ajusticiamientos y en los suplicios, decidiendo éste la viabilidad de dicho tormento. Desde una perspectiva actual no se quiere justificar su existencia pero se intenta lograr una empatía con una sociedad en la que la política y la religión tenían fines comunes.

La Inquisición en España fue abolida definitivamente con Fernando VII, mediante Real Decreto el 15 de julio de 1834.

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...por Ángela Melero